En 2020, durante su mandato como diputada nacional, Lorena Matzen presentó un proyecto de ley para darle forma al proceso de reversión de las centrales hidroeléctricas, que se esperaba para 2023. Ya en ese momento, Matzen proponía reconocer la propiedad del recurso hídrico de las provincias y planteaba un espacio de participación en la toma de decisiones. “De no primar esta posición de acuerdos y trabajo conjunto, se favorecerá la continuidad de una explotación privada en manos del estado nacional, situación que debe finalizar”, expresó Matzen al defender esa iniciativa. 

El año pasado sucedió lo que temían los autores del proyecto de ley: se inició un enfrentamiento entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacional. Esto llevó a una prórroga unilateral de los contratos, que esta semana se renovó por 60 días más. Energía Argentina (ENARSA) sigue al frente de las represas al norte de la Patagonia. 

Las provincias continúan sin tener voz ni participación activa en este tema. En las últimas horas lo confirmó la Secretaria de Energía, Andrea Confini, quien señaló que no hubo comunicaciones formales y que se enteró de esta medida a partir de la publicación en el Boletín Oficial. “Lamentablemente, ni el gobierno anterior kirchnerista ni este, que dice ser diferente, respetan la constitución y la propiedad de los recursos naturales en manos de la provincia. Tampoco reconocen la necesidad de un trabajo común en esta temática”, sentenció Matzen.

El proyecto presentado en 2020 buscaba garantizar la intervención de Río Negro y Neuquén pero además fomentaba la discusión de parámetros que garanticen costos eficientes de generación, administración, mantenimiento y seguridad, según los sistemas fijados internacionalmente para este tipo de centrales hidroeléctricas. Lamentablemente, la iniciativa no prosperó.